La Matanza Empresas

Los empresarios se presentaron ante la Comisión de Industria y advirtieron estar «en jaque». Entre sus propuestas incluyeron una iniciativa para suspender por 365 días los embargos y ejecuciones de compañías con hasta 80 empleados.

Más de un centenar de representantes de Pymes industriales expusieron este martes en la Cámara de Diputados las problemáticas que atraviesa el sector y presentaron un paquete de doce propuestas para «mejorar la competitividad«.

Entre las propuestas incluyeron una iniciativa para suspender por 365 días los embargos y ejecuciones fiscales de empresas de hasta 80 empleados, y el establecimiento de un «sistema de seguro de desempleo y retiro«.

En una reunión que se llevó a cabo en la Comisión de Industria, presidida por el massista José Ignacio de Mendiguren, los empresarios presentaron un documento en el que advierten sobre los efectos del «aumento de la litigiosidad» que provoca la quiebra de muchas Pymes.

La propuesta que reclamaron con mayor urgencia es la que prevé una extensión del alcance de la ley 27.396 de Emergencia Económica, de manera tal de suspender «por 365 días de los embargos y ejecuciones por deudas fiscales y tributarias, y aplicación de moratoria extendida para empresas industriales hasta 80 trabajadores».

Dentro del paquete de medidas, también solicitaron que se le de tratamiento a la creación de un sistema de seguro de desempleo y retiro, la limitación de indemnizaciones, la reducción de las cargas fiscales para Pymes de hasta 80 empleados, y la fijación de montos máximos a la litigiosidad laboral.

Rechazan en tanto la ley de «Compre Nacional» que impulsa el Poder Ejecutivo y cuyo tratamiento podría ser reanudado luego de las elecciones.

La creación de un sistema de seguro, iniciativa que implicaría una reforma de la ley de Contrato de Trabajo, permitiría que «todos los trabajadores registrados puedan recibir, en compensación por su tarea realizada, una suma igual a un mes de remuneración por cada año trabajado, pero resignando el derecho a exigir otra indemnización a la empresa por el solo objeto del tiempo transcurrido en ella y la labor realizada», detalla el informe.

El documento, al que suscribieron más de 500 Pymes, tiene como eje «dar propuestas para que todos los sectores sean responsables de la solución de los problemas de las fábricas, no sólo el Gobierno», precisó Daniel Rosato, uno de los organizadores del denominado foro Industriales PYME Argentinos.

El informe de 18 páginas enumera a su vez los problemas que enfrenta el sector de Pymes industriales, como la caída del consumo interno, la merma en los ingresos reales de los asalariados, la apreciación del tipo de cambio, el aumento de las tarifas de servicios públicos, el incremento de los precios internos de los productos, la caída de las exportaciones y la suba de las importaciones.

Darío Errecalt, socio de la empresa maderera y de muebles Maimará SRL, advirtió que los atrasos impositivos podrían provocar el cierre de la fábrica antes de fin de año, por lo que reclamó una «tregua fiscal«.

«Me han hecho jaque mate, porque no tengo salida. Estoy para el cierre. Sigo nada más por la gente. Y esto nos pasa porque nosotros somos formales desde que nacimos hace 37 años. Por eso la única salida para las Pymes es que si realmente quieren mantener la industria, se debe dar una tregua fiscal, suspender juicios, dejarnos trabajar para rehacernos», explicó.

Entre los objetivos explicitados en el informe, se menciona la necesidad de incentivar la compra de productos nacionales, el fortalecimiento de mecanismos de defensa comercial, la restricción del Pago de Adelanto del Impuesto a las Ganancias, y la recuperación de días laborales al calendario, dejando sin efecto la incorporación de feriados puente (consideran que impacta negativamente en los costos empresariales y en la competitividad).

«Con los nuevos tres feriados debemos pagar 22,16 días produciendo 20,41 días. Esta pequeñísima diferencia implica un incremento en los costos, automático, sin ninguna contraprestación de 1,21%, con su respectiva disminución en la productividad», fundamentó Rosato.

Una de las iniciativas a las que apuntan los industriales es que se reformen los artículos 9 y 10 de la Ley 24.013 para considerar la irrefutabilidad del «Alta temprana», de manera tal de restringir las compensaciones indemnizatorias.

Otro proyecto se orienta a derogar el artículo 45 de la Ley 25.345 que estipula severas penalidades económicas para los empleadores por atrasos en la entrega de los certificados de trabajo; y la reforma de Ley 20.744 que dispone la suba del 50% del valor indemnizatorio para el empleador cuando el empleado inicie acciones legales en su contra por despidos.

También proponen un proyecto para el establecimiento de un «Régimen de Estímulo y Protección de la Industria Editorial Argentina» que exima de todos los impuestos nacionales por el plazo de cinco años a empresas gráficas nacionales de hasta 80 trabajadores registrados; que a su vez obligue al Estado en sus distintas instancias a la adquisición de material gráfico producido por estas empresas, con excepción de aquel material que no pueda conseguirse localmente.

De Mendiguren se comprometió a trabajar en la comisión en base a los reclamos y las propuestas porque «la Argentina necesita de un sector Pyme que despliegue todo su potencial productivo«.

También concurrieron los diputados del Frente Renovador Marcos Lavagna, Graciela Camaño, Felipe Solá, Horacio Alonso, Carlos Selva, Carla Pitiot, Alejandro Grandinetti, los kirchneristas Luis María Bardeggia y Oscar Martínez, el radical Francisco Torroba y el justicialista Diego Bossio.

Entre los empresarios, además de Rosato y Errecalt, asistieron el gerente general de APYME, Roberto Ratti Merchante, y el vicepresidente de esa organización, Julián Moreno.

Fuente: iProfesional