La Matanza Empresas

Las empresas chicas, que no participan del negocio móvil, quieren estirar el inicio de la convergencia al menos tres años más. Las chances reales de cambio.

as pequeñas operadoras de telecomunicaciones pidieron de tres a cinco años más para estar en condiciones de competir con las grandes compañías del sector. Y el oficialismo estaría dispuesto a ceder en la petición.

De modo que, a partir de 2019, la convergencia arrancará principalmente en las grandes ciudades de la Argentina, y luego a todo el territorio nacional. Los pedidos van de 2022 a 2024 aunque hoy nadie se atreve a poner una fecha tentativa.

Es lo que surge de las primeras dos reuniones de la Comisión de Medios, Sistemas y Libertad de Expresión del Senado, a donde giró el Poder Ejecutivo el proyecto de «ley corta» que, según el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, apunta a incentivar las inversiones en infraestructura.

En estos primeros dos encuentros tanto las grandes compañías como las pequeñas y medianas, incluidas las cooperativas de telecomunicaciones, manifestaron sus posturas frente al inicio de la competencia. Mientras algunas se mostraron a favor de su inicio inmediato, las más chicas pidieron más tiempo para poder actualizarse en términos tecnológicos porque, de lo contrario, aseguraron estarán en inferioridad de condiciones frente a los jugadores más importantes.

Fue una postura que dejaron en claro desde la cámara que nuclea a las empresas de internet (CABASE) y la de Cableoperadores Pymes (CACPY), aunque con fechas distintas en cuanto a la apertura total.

Así, mientras desde CABASE pidieron tres años más para el inicio de la competencia plena, es decir, en 2022, desde CACPY solicitaron una extensión de cinco años más, es decir, que arranque en 2024.

«Pedimos que el DTH (TV paga por satélite) en las localidades de menos de 80.000 habitantes se abra en cinco años para corregir las asimetríasporque estamos en proceso de reconversión. Y como no tenemos movilidad nunca vamos a tener las mismas condiciones», dijo a iProfesional, Marcelo Tulissi, presidente de CACPY.

Desde CABASE se expresaron en la misma sintonía. Consideraron que el plazo del 1° de enero de 2019 para abrir el mercado en su totalidad «resulta insuficiente para fomentar la competencia y proponemos que el mismo se extienda como mínimo hasta el 1° de enero de 2022″ con el objetivo de que todos los jugadores del mercado se preparen para brindar servicios múltiples. Y también se refirieron a la imposibilidad que aún tienen de participar del negocio móvil.

Aquellas empresas que no logran ingresar en la telefonía móvil más allá de los constantes pedidos que han elevado al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) consideran absolutamente desigual competir sin esa pata, especialmente porque del otro lado tienen a los tres grandes operadores del sector, Telecom, Telefónica y Claro.

«Hace 20 años que sufrimos el oligopolio móvil con tarifas caras y servicios pésimos. El decreto 1340 expresaba la necesidad de un cuarto operador y parece que hoy ya no es tan importante. Debería haber competencia en todos los servicios, los territorios y los servicios por existir porque la demanda está insatisfecha en oferta y en calidad», subrayó Franco Cecchini, presidente de CATIP, la cámara de telefonía IP, que nuclea a las operadoras independientes.

En la misma dirección se expresó Héctor Nocetti, presidente de la Cooperativa Popular de Obras, Servicios Públicos y Electricidad de Santa Rosa (La Pampa) quien consideró que así como se les va a otorgar a las grandes compañías a brindar TV paga por satélite debería contemplarse la chance de que las pequeñas empresas reciban frecuencias móviles de modo de estar en condiciones igualitarias.

«La postura de las pymes es razonable por una cuestión fáctica. Si todo sale tal como lo prevé el Gobierno, la ley va a salir en octubre o noviembre, y tendría efecto de aplicación automática, de modo que pensar que es posible iniciar la competencia plena en 2019 resulta poco defendible«, contó a iProfesional una fuente que sigue de cerca las discusiones que se vienen dando en el Senado.

En otras palabras, el oficialismo estaría dispuesto a estirar los tiempos que están pidiendo los pequeños prestadores para iniciar la competencia plena. ¿En todo el país? Posiblemente no. Seguramente arranque en las grandes ciudades y se extienda el esquema de protección para las localidades de menos de 80.000 habitantes, aunque por estos días nadie se atreve a arriesgar hasta qué año se ampliaría.

Negocio móvil para pocos

Otro de los temas críticos es el de la telefonía móvil. No es nuevo que las pequeñas empresas quieran ser parte del negocio, y hasta ahora la única que logró, en este contexto, abrir esa puerta fue CATEL, la cámara que nuclea a las grandes cooperativas de telecomunicaciones, aunque en modo OMV y de la mano de Telefónica. El antecendente previo fue el de FECOSUR con Telecom.

En el proyecto de ley corta se prevé introducir una modificaciones en las leyes vigentes para que ARSAT deje de tener reserva preferencial de espectro. Las bandas que recuperó el Estado de parte del Grupo Vila-Manzano y del Grupo Pierri (Telecentro) son de la empresa satelital estatal.

Para ponerlas a disposición del mercado hay que modificar esas normativas. Y el Gobierno ya manifestó que la intención es que los actuales prestadores accedan a esas nuevas porciones.

«No tiene que haber licitación ni regional ni nacional. El Estado tiene que entregar ese espectro de manera regional a proyectos específicos. Porque la Argentina no necesita u$s500 millones en efectivo por frecuencias sino u$s10.000 millones en inversión en infraestructura y trabajo», disparó Cecchini.

En estas dos primeras reuniones también surgió el pedido de que se destine al menos el 25% de ese espectro disponible para los pequeños operadores, de modo de permitirles el ingreso al negocio móvil por zonas.

Pero ¿cuántas modificaciones son susceptibles de introducirse en el proyecto de ley?

Las fuentes consultadas coincidieron en señalar que los operadores chicos y la oposición son los más proclives a introducir cambios, irónicamente. Mientras que las grandes compañías de telecomunicaciones y los legisladores del oficialismo quieren que el texto se apruebe tal como ingresó.

Otro de los temas conflictivos que surgieron en estas dos primeras reuniones y que, curiosamente, enfrente a los más chicos entre sí es el referido a la compartición de infraestructura. Es decir, a que aquellos que tienen postes, ductos disponibles para que pasen otros cables, puedan ser alquilados a esos terceros.

Hay empresas que no quieren compartir la infraestructura que, sostienen, han creado con su propia inversión, mientras otras consideran que es la manera más sana de que todos comiencen a ampliar su cobertura y sus servicios. Se trata de una situación que arrastra una historia de conflictos y que, mediante la ley corta, se pretende subsanar, pero que igualmente genera posturas contrarias.

Es una de las razones por las que Tulissi señaló que otro pedido que elevó CACPY fue que «dentro del Enacom o del organismo que se cree haya una oficina que resuelva conflictos en 30 días. Porque hay cosas que en Defensa de la Competencia llevan años, y es central que se responda a los conflictos rápidamente».

En las próximas dos semanas terminará la ronda de consultas de la comisión del Senado con nuevos invitados. Si bien hay muchos pedidos, hasta ahora, los confirmados a elevar su propuesta son la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) y el gremio de la televisión (SATSAID).

Una vez finalizadas estas reuniones, se determinará cómo se seguirá. La previsión es que a finales de mayo, o principios de junio (y siempre, antes de que comience el Mundial), el texto final esté listo. Sin olvidar que también deberá pasar por la comisión de Educación y Cultura, algo inédito en las discusiones previas sobre proyectos de telecomunicaciones, a pedido del senador Fernando Solanas.

Fuente: iProfesional