La Matanza Empresas

Consideran que “es una solución a medias” ya que se contrae una deuda importante a futuro en un momento en el que no hay demanda. Además, piden que se cumpla con la Ley 27218 que protege a las entidades de bien público y que se extienda al todo el sector productivo.

Através de un comunicado, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación estableció que “los pequeños comercios, Pymes y entes oficiales que se encuentren dentro de las categorías tarifarias SGP1, SGP2 y SGP3 abonarán el 50 por ciento de los consumos de gas natural del nuevo cuadro tarifario de este invierno (entre abril y septiembre). El saldo restante podrá cancelarse en octubre próximo.

En diálogo con El1 Digital, el secretario general de la CGT Matanza, Mario Ortiz, sostuvo que “es parte de una solución” pero que el mayor problema es “la enorme pérdida de consumo que no logra recuperarse”. En el caso de la industria textil se acrecienta porque en periodo de inflación la gente deja de comprar ropa ya que prioriza los alimentos.

En esa misma línea, el sindicalista y exponente del sector textil puntualizó: “Es una medida transitoria pero pretendemos que se vuelva a instalar la rueda virtuosa: que la gente esté mejor económicamente, consuma, las empresas produzcan y que se mantenga o aumente el empleo. En síntesis, queremos la reactivación. Para las pequeñas empresas no es una solución”.

“Si se reactiva la cadena productiva, crece la demanda y las PyMEs pueden pagar las boletas de los servicios. Además, en estos momentos, es postergar una deuda que, si la situación no cambia, difícilmente pueda abonar en octubre una factura acumulada por un mes y medio de servicio”, evaluó Ortiz.

Los comerciantes preparan otra propuesta
Por su parte, el presidente del Centro de Comerciantes de San Justo, Héctor Gabbiani, precisó que en sector mercantil los comerciantes comenzaron a recibir las facturas del gas con una importante alza de precios. En ese contexto, recordó la vigencia de la Ley 27218 -promulgada el 22 de diciembre de 2015- que establece un tope a la facturación de los servicios de agua potable y cloacas, gas natural, energía eléctrica, telefonía para las entidades de bien público.

Se trata de una normativa que ampara a los clubes de barrio, centros culturales, centros de jubilados, asociaciones, que con enorme esfuerzo llevan adelante proyectos sociales, culturales, educativos, comunitarios y deportivos. Pero los comerciantes y referentes de los distintos sectores productivos del Distrito vamos a solicitar a las autoridades que se ponga en marcha esta reglamentación pero que, además, se extienda a la industria y comercios, incluso a los emprendedores”, anticipó Gabbiani.

Fuente: El1 digital