A partir de mañana entra en vigencia plena la notificación electrónica
Desde noviembre de 2013, se enviaron casi dos millones de notificaciones, lo que equivale a diez millones de hojas de papel.
La tecnología altera por estos días los ánimos en los tribunales que dependen del Poder Judicial de la Nación (PJN). Muchos abogados, jueces, fiscales, peritos y empleados se encolumnan para cuestionar -en público o privado- los cambios introducidos en los últimos cuatro años con las llamadas notificaciones electrónicas y el expediente digital, un proceso que tuvo dilaciones, quejas, controversias, reclamos y hasta la recolección de firmas para frenarlo, pero que viene a trasladar a las computadoras y servidores gran parte de la mecánica del litigio.
En la Corte Suprema prefieren no entrar en polémicas ni responder -en on u off the record- a preguntas que consideran de contenido político. Según consignó Tiempo Argentino, las fuentes del máximo tribunal consultadas conceden que la implementación del sistema generó inconvenientes, pero confiaron en que se resolvieron sobre la marcha y, en cambio, prefieren mostrar los números que consideran la mejor prueba de la eficacia del cambio: casi dos millones de notificaciones electrónicas desde noviembre de 2013, lo que equivale a diez millones de hojas de papel o 20 mil resmas.
El puntapié inicial de esta informatización fue la ley 26.685, promulgada en junio de 2011, que autorizó «la utilización de expedientes, documentos, firmas, comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el PJN, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales». La misma norma (ver recuadro) le otorgaba a la máxima instancia tribunalicia del país y al Consejo de la Magistratura de la Nación, la reglamentación y «gradual implementación» de este proceso, que se enmarca en el Programa de Fortalecimiento Institucional del PJN y que cuatro años después no finalizó y, en cambio, atravesó un camino con postergaciones y muchos escollos por la falta de capacitación, la inestabilidad de la conexión a Internet y los cortes de energía.
Despapelización vs inconvenientes
La reforma informática -cuya base es el software llamado Lex 100, contratado por licitación- implica para todo litigante el constituir domicilios electrónicos otorgados por el sistema, que juzgados y fiscalías envíen cédulas de manera digital -antes eran las tradicionales de papel- e incluso confeccionar expedientes completamente virtuales. Pero lo que para algunos es buena medida hacia la despapelización, para otros significa un sinfín de inconvenientes.
Desde hace unas semanas, los abogados Juan José Guaresti (nieto) y Héctor Luis Musi se colocan en la puerta de algunos tribunales para recolectar firmas -ya tienen casi mil- que avalen un petitorio presentado para que se anule la resolución que consideran ilegal. Para ellos, la Corte Suprema «viola y compromete la garantía constitucional de la defensa en juicio, contemplada y garantizada no solo en la Constitución Nacional sino por las Convenciones y Tratados Internacionales» ratificados por el país, por lo que incluso no descartan recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. «La Corte -dijo Musi a Tiempo- no puede legislar ni imponer a terceros. Lo que ha hecho rompe el sistema republicano. Además excluye a los abogados que no entienden de tecnología. Este sistema no funciona y en España terminó en medio de un escándalo», agregó en referencia al Lex100.
Gustavo Vera, miembro de la comisión gremial interna del fuero civil de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), aseguró que el fuero de Trabajo está colapsado por la nueva ley de ART, la conflictividad laboral y la implementación de este sistema, que lentificó y sobrecargó de tareas a juzgados donde falta personal y no se pagan horas extras. «Tanto el sindicato como la Cámara del fuero laboral –que logró frenar en parte el sistema- elevaron quejas a la Corte y la respuesta fue que nos quejábamos porque no queríamos adaptarnos al sistema», añadió el delegado. La última huelga de la UEJN -el mes pasado- incluyó entre sus ítems reclamos referidos al nuevo sistema, a la falta de capacitación -«fue un desastre», resume Vera- y al pago de horas extras.
El Colegio Público de Abogados, -que en esta dirección de Internet http://www.cpacf.org/notificacion_electronica/notificaciones_electronicas.html aglutinó mucha información y preguntas frecuentes- logró en abril que la Corte Suprema pospusiera la entrada en vigencia de algunos aspectos del nuevo sistema y suele capacitar a muchos letrados, pero algunos, en especial, los de mayor edad, todavía tienen serias dificultades.
Leonardo Suárez, abogado laboralista, comenta que «a largo plazo es una cosa a favor, pero en el corto y en el mediano plazo hay múltiples desventajas y problemas. Fue implementado sin la debida preparación por más que hubo y hay múltiples cursos en el Colegio de Abogados. Hay juzgados que no aplican los mismos criterios que fijó la Corte», enumera. «En teoría debería agilizar, pero en la práctica lo está enlenteciendo», agrega.
Al coro de quejas de empleados y abogados –una postal típica de la rutina tribunalicia es el tumulto para la catarsis recíproca en la mesa de entradas-, también se suman fiscales y jueces.
Una fuente del Ministerio Público Fiscal que pidió hablar en off the record recordó que la Procuración «no participó ni en el diseño ni en la implementación» del sistema, pero aclaró que sin embargo apoyan el cambio. «Según el Código Procesal Penal, el fiscal no es una parte más, sino una parte necesaria. Y hay partes del proceso donde el expediente tiene que ir al fiscal, pero hay juzgados que no tienen la misma interpretación que la Corte. No hay resistencia de los fiscales en la medida que haya una regla clara. Incluso hemos sugerido la realización de un convenio entre la Corte y la Procuración», agregó la fuente consultada.
Bueno pero lento
La presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, destacó que es positivo ir hacia lo digital, pero al mismo tiempo cuestionó, entre otras cosas, que se haya comprado un programa en España «en lugar de diseñar uno propio. Podría haber sido más barato y mejor si comprábamos en Argentina. La Corte Suprema debería consultar con la Facultad de Ciencias Exactas o el Ministerio de Ciencia y Técnica». Por otro lado, la magistrada aseguró que el sistema «es molesto, lento e incómodo» y que muchas veces requiere la presencia de personal idóneo en cada dependencia, pero «no hay en el Poder Judicial una cantidad de técnicos suficientes para la informatización plena».
Para Garrigós de Rébori, «todo debería ser oral. Ahora, la oralización implica un sistema de registro y videograbación que el sistema no tolera. Con el código nuevo desde marzo tenemos previstos un montón de audiencias orales y públicas que deben estar subidas y resguardas en un sistema que sea seguro», señaló, aunque la fuente de la Corte Suprema consultada por este diario anticipó que la nueva versión a instalarse el próximo verano tiene contemplado «soportar» multimedia.
Mientras se espera la nueva fecha de implementación plena de este martes, como ocurre fuera de los Tribunales, el avance de la tecnología parece inexorable, sólo que para algunas cuestiones y personas, adaptarse a los cambios es personal y de tiempo disímiles.
Una licitación controvertida
La licitación con la que se contrató el actual sistema Lex100 fue también motivo de controversia antes y después de que se conocieran los ganadores. Dos de las tres compañías que no resultaron elegidas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), denunciaron irregularidades e impugnaron el proceso en el cual resultó adjudicada la UTE formada por la francesa Atos Origin y la española Base 100.
Según consignaron entonces varios medios de comunicación, los representantes de La Ley objetaron que algunos competidores tuvieron más ventajas que otros; mientras que Indra cuestionó que el oferente electo había mencionado aspectos de la oferta económica junto con la técnica, algo vedado por las reglas del procedimiento. Pero los responsables del trámite, el Consejo de la Magistratura, rechazaron todos los cuestionamientos y resolvieron la adjudicación por el precio más bajo, 63.999.571 pesos de 2011.
¿El origen?
La Ley 26.685 sancionada en 2011
La Ley 26.685 que convalidó esta informatización de los tribunales nacionales fue sancionada en junio de 2011 por el Congreso de la Nación, a instancias de un proyecto de ley presentado nueve meses antes y en solitario por el diputado tucumano Alfredo Dato (Frente para la Victoria), en cuyo currículum figura el haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia de su provincia natal y también ministro del ex gobernador Ramón Ortega. «La sociedad argentina –fundamentó el legislador– demanda del sistema judicial mayor eficiencia y celeridad en la tramitación de los procesos. Hoy se advierte que gran parte del tiempo se emplea en el diligenciamiento de comunicaciones y trámites que, de efectuarse en forma electrónica, reduciría notoriamente su duración.»
Para Dato, «el empleo de las nuevas tecnologías proporciona una herramienta que debe ser aprovechada y puesta al servicio de la realización de la justicia. Su gradual introducción tiene en este campo una importancia capital a fin de que la justicia llegue con mayor rapidez a la comunidad. De acuerdo con esa necesidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asumido el diseño, la dirección estratégica y el liderazgo de un Plan de Fortalecimiento Institucional. La evolución de ese esfuerzo, desarrollado en distintos niveles del Poder Judicial de la Nación por medio de iniciativas piloto de adhesión voluntaria, requiere hoy del dictado de normas que den sustento a las nuevas modalidades operativas, más allá de lo acordado en cada proceso», concluye.
