Estudian cómo reorientar los estímulos hacia las pymes y las economías regionales
El presupuesto 2015 incluye «transferencias económicas» y «gastos tributarios» por 371 mil millones de pesos. Una reciente resolución del BCRA sugiere que, con una política adecuada, se podría redirigir gran parte de los subsidios y exenciones propias de los de regímenes de promoción que hoy benefician a grandes empresas locales y multinacionales.
El pasado 16 de diciembre, el Banco Central publicó su comunicado 50.486 mediante el cual no solamente dispuso la continuidad de la Linea de Crédito para la Inversión Productiva sino que estableció algunas modificaciones que sugieren una nueva orientación en materia de estímulos a la economía que podría profundizarse durante 2015.
Es que el comunicado ratifica la resolución dispuesta en el año 2012 y que ya otorgó más de 100 mil millones de pesos en créditos destinados a las industria a partir de establecer a los bancos la obligatoriedad de destinar un un cupo del 5% de sus depósitos para los sectores productivos. Pero la nueva normativa, además de elevar ese porcentaje hasta el 6,5% y reducir la tasa de interés hasta el 19% (estaba medio punto por encima) para un período mínimo de 36 meses, excluye taxativamente a las grandes empresas como beneficiarias de los créditos.
Ya en 2014 se había establecido un límite del 15% del monto total para esas grandes empresas. Desde el inicio del programa en 2012 (cuyas metas fueron cumplidos tajantemente por las entidades financieras) ese sector se benefició con un 35% del monto total otorgado. Con esta resolución, entonces, las mipymes podrán acceder, durante el primer semestre del año, a créditos por un total de 37.400 millones de pesos, 13 mil millones más que lo que habían recibido en el último trimestre de 2014. Además, la resolución incluyó uno de los persistentes reclamos de las asociaciones y cámaras de la pequeña y median empresa en lo que hace a la necesidad de que los créditos abarquen, además, la posibilidad de financiar Capital de Trabajo, en este caso hasta un 20% del monto total del crédito.
Por último, la resolución establece incentivos a las entidades financieras para que el destino de los préstamos sea en beneficio de las economías regionales y menos desarrolladas. De lo que se trata es de una suerte de sintonía fina en la política de estímulos a la producción en favor de los sectores más pequeños y relegados de la producción y que, además, son los principales generadores de empleo en el país.
En este caso, de lo que se trata es de reorientar esos estímulos cuyo financiamiento está en manos del sector privado.
Sin embargo, el desarrollo de esa política podría alcanzar una sintonía fina de los diversos estímulos cuyo financiamiento depende directamente del presupuesto nacional. Esencialmente se trata de subsidios y exenciones impositivas propias de los denominados regímenes de promoción económica.
En 2014, la SePyme financió proyectos de capacitación, gestión, asociativismo regional y créditos por un total de $ 2592 millones.
Según un informe elaborado por la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el presupuesto 2015 prevé, en los incisos referidos a «Transferencias de carácter económico», la suma de 228.700 millones de pesos de los cuales 188 mil millones serán destinados a transferencias corrientes (subsidios) y el resto al financiamiento de inversiones. Del total de los subsidios, 140 mil millones se destinarán al sector energético y 40 mil millones a transporte.
Además, según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el presupuesto 2015 destinará un total de 143.767 millones de pesos al ítem denominado «gasto tributario» que el mismo informe define como «el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos». El ítem se compone de aquellas exenciones que surgen de la norma de cada uno de los impuestos (IVA, Ganancias, Seguridad Social, Combustibles, Bienes Personales, Internos y Comercio Exterior) y de los regímenes de promoción económica. En el primer caso se trata de $ 113.487 millones y en el segundo por $ 30.278 millones. Tomados de conjunto se trata de un 2,86% del PBI proyectado para el año, cuando en 2014 había sido del 2,7 y en 2013 del 2,45 por ciento del PBI.
Lo curioso es que el propio informe aclara que su publicación «no implica efectuar juicios de valor acerca de su justificación y que dicha lista tampoco debe tomarse como una recomendación de medidas de política económica». Con todo, su elaboración en el actual contexto es, cuanto menos, sugestiva.
De este modo, el presupuesto 2015 prevé exenciones y subsidios por un monto total de 371 mil millones de pesos que se repartirán entre beneficiarios del más amplio espectro. Desde subsidios eléctricos a los hogares hasta exenciones impositivas a grandes empresas y hasta multinacionales que, amparadas en los tratados bilaterales y el propio CIADI, gozan de los mismos beneficios que las empresas de capitales nacionales con independencia de su tamaño.
Las exenciones derivadas del ítem «gastos tributarios» tienen variados beneficiarios. En lo que hace a las exenciones emanadas de las normas de los propios impuestos, de un total de 113 mil millones de pesos se destacan las exenciones por impuesto a las ganancias de los intereses de títulos públicos (en manos de diversos tenedores) por un monto de $ 3636 millones, los intereses de depósitos en entidades financieras y Obligaciones Negociables por un monto total de $ 12.348 millones, los casi $ 3000 millones de magistrados y funcionarios del poder judicial y los 9000 millones de asociaciones civiles, mutuales, cooperativas etc. Por el lado del IVA, se destacan las exenciones a las Obras Sociales por $ 7000 millones, los denominados servicios educativos por $ 5500 millones y las asociaciones y espectáculos deportivos amateurs por $ 7296 millones y las reducciones por $ 4200 a la construcción de viviendas, por $ 14.325 a la carne y hortalizas, $ 3300 millones a la medicina prepaga y sus prestadores y los $ 3625 a panadería además de los $ 1000 millones para libros diarios y revistas y los más de $ 4000 millones en devolución de IVA por pago con tarjeta de débito. Además de los más de $ 5692 millones de exenciones a los combustibles en sus diversos formatos. En lo que hace a las reducciones de las contribuciones a la seguridad social (aportes patronales) se destacan los $ 14.366 millones por ubicación geográfica y los $ 6252 millones dirigidos a los «microempleadores» (menos de 5 empleados). En bienes personales se destacan las exenciones a los depósitos en entidades financieras y los títulos poúblicos por un total de $658 millones. Donde surgen las mayores beneficios es en los denominados regímenes de promoción económica en los que, de un total de algo más de $ 30 mil millones, $ 23 mil millones se explican por los beneficios de las empresas instaladas en Tierra del Fuego y los casi $ 1500 millones de exenciones de las que goza el sector minero (dominado por multinacionales) en contraste con los $ 860 millones de los que gozan las pymes según la ley 24.467. Se trata de un amplio espectro de beneficios que podría ser materia de análisis exhaustivo para su posterior intervneción.
En el caso de los subsidios energéticos y del transporte, más allá de su beneficario directo (la empresa como consumidora de energía y el uso del transporte a nivel comercial), en rigor y en última instancia, existe también un beneficio indirecto para las patronales en lo que hace al costo laboral en la medida en que el transporte y el consumo energético de las familias forma parte del salario que deben pagar sus trabajadores. En este caso, de cualquier forma, es imposible discriminar la quita del beneficio entre multinacionales, grandes empresas nacionales y mipymes a no ser que se establezca un mecanismo directo de retorno a las pequeñas empresas.
Claro que, además, establecer una política para reorientar esos fondos debería (si el objetivo fuera beneficiar a los más débiles), tener un carácter quirúrgico y acompasadao con las discusiones paritarias. Además, claro, habrá que diseñar los mecanismo para que esos costos no se trasladen directamente a los precios.
Los economistas consultados aseguran que, los tratados bilaterales y la suscrpición al CIADI impide una discriminación positiva en favor de la industria nacional aunque no impide la orientación por tamaño. Para soslayar los benficios a las multinacionales, correspondería una política más osada de anulación de los tratados bilaterales y el CIADI.
Fuente: El1 digital
