Informe del CEPA registró casi cinco mil despidos en el mes de marzo
La suma acumulada de trabajadores que perdieron sus puestos alcanza los 9600 en el primer trimestre de 2017, sin contar las 2600 suspensiones.
Lo que preocupa, además de la imparable ola de despidos y la floja actitud del Gobierno para producir nuevos puestos, es el decidido impulso y ‘permiso’ para los empresarios de parte del Presidente para allanar el terreno a la flexibilización laboral.
Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) apenas en el mes de marzo, otras 4823 personas se quedaron sin trabajo y el 60 por ciento de estos despidos se dieron en el sector industrial.
La tendencia reductora de personal se suma al deterioro de los sueldos -tarifazos, inflación, informalidad- y al impulso que el Gobierno le da a la firma de convenios colectivos con pérdidas de derechos: en una palabra, flexibilización.
“Al contrario: si en 2016 la política flexibilizadora laboral fue de ‘trazo grueso’, sustentada en la pérdida masiva de puestos de trabajo y la caída de salario real, en 2017 se puede hablar de una ‘sintonía fina’ flexibilizadora, donde además de despidos y caída de los salarios, se suman acuerdos como el de los petroleros en Vaca Muerta, que el propio Gobierno pretende extender a la industria automotriz (el presidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, al rubro textil y el del calzado entre otros, que incluye la pérdida de derechos laborales adicionales”, sostuvo el director del CEPA Hernán Letcher, en declaraciones a Página 12.
Los despidos en el mes de marzo superaron a los que se dieron en febrero: 4008 despedidos y 560 suspensiones en el sector privado, mientras que 255 empleados fueron cesanteados en el sector público. La acumulada trimestral sumó 9599 despidos y 2594 suspensiones, impactando mayoritariamente en el sector industrial y los servicios.
El análisis refleja que el Estado actúa como ejemplo en materia de despidos, permitiendo al sector privado reproducir este ajuste en sus planteles, afectando también el consumo y la industria, ya golpeados por la política de apertura de las importaciones.
Además, CEPA estipula que hay nueve mil puestos en riesgo inmediato: la multinacional norteamericana Ingredion despidió en sus plantas de Baradero y Chacabuco a 186 empleados, pero cerca de 3 mil no tienen garantías. En Sancor, provincia de Santa Fe, penden de un hilo otros mil laburantes. Nextel tiene la intención de tercerizar a 1500 trabajadores de call center. Tres mil petroleros de Santa Cruz denuncian posibles cesantías en YPF, PAE, Sinopec, Sipetrol, Capsa y Tecpetrol.
Fuente: Diario Registrado
