El proyecto de la Ley de Emprendedores logró media sanción en Diputados
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo el apoyo necesario en Diputados para que avance al Senado. Hubo 189 votos positivos contra 7 negativos.
Este miércoles 15 la llamada Ley de Emprendedores consiguió el visto bueno en la Cámara de Diputados y el proyecto fue girado al Senado.
La decisión en la votación en general fue definida por 189 votos positivos a 7 negativos, con 9abstenciones por parte de los legisladores cuyos emprendimientos -propios o familiares- podrían ser alcanzados por la Ley.
La iniciativa que giró el Poder Ejecutivo al Congreso plantea la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), una figura jurídica que facilitaría abrir una empresa en 24 horas, llevar la contabilidad online y acceder a fuentes de financiamiento colectivo.
La propuesta también apunta a facilitar la llegada de inversiones a nuevas empresas a partir de beneficios impositivos y sistemas novedosos para el entorno local como el «crowfunding».
Sobre el final del período de sesiones ordinarias, el propio Ejecutivo había pedido que se acelerara el tratamiento de este proyecto, para no terminar el año sin la sanción.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, solicitó a principios de noviembre a los diputados la «pronta» aprobación de los proyectos enviados a la Cámara Baja, e incluyó la Ley de Emprendedores en la lista, junto a la de primer empleo, entre otras.
La solicitud fue enviada en un informe con casi 900 respuestas a las consultas realizadas por los legisladores de los distintos bloques sobre diferentes temas, según informó Télam.
Más allá de los cambios que el proyecto había recibido en la etapa de comisiones, con modificaciones propuestas el Frente Renovador y el sector del peronismo que lidera Diego Bossio, el debate en el recinto fue intenso.
Algunos legisladores como Axel Kicillof (FpV) y Dario Giustozzi (Juntos por Argentina) pidieron que las ONG y cooperativas reciban los mismos beneficios que esta ley otorgaría a las «startups», y que por otra parte se excluya de la posibilidad de figurar como SAS a firmas vinculadas a grandes grupos económicos.
Asimismo, Facundo Moyano (FR) y Jorge Taboada expresaron preocupación por la precarización que sufrirían los trabajadores que se encuentren incluídos en empresas bajo este régimen, y el temor a que se provoque un efecto de terciarización.
Pese a esto, el proyecto impulsado desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) logró los votos necesarios para avanzar en el Congreso con el apoyo de Cambiemos, el Frente Renovador y la UCR.
También sumaron su apoyo, aunque con ciertas reservas distintos sectores del Justicialismo, Diálogo y Trabajo, Peronismo para la Victoria, Solidarios Si, Avanzar San Luis, entre otros bloques.
Para Manuel Tanoira, Director de Políticas Públicas de ASEA -quien fue uno de los redactores del texto original -con el equipo del estudio Tanoira Cassagne, la Fundación Pensar y la Sepyme- se trata de un paso «histórico».
«Para nosotros, esta es la primera ley de nuestra historia como país que ataca directamentela problemática emprendedora e intenta resolverla, con innovación y medidas concretas. Obviamente no resuelve todos los problemas pero es un arranque a lo grande», le dijo el letrado a este medio.
«Es un paso super positivo. Hoy abrir una startup en Argentina es muy complicado y costoso. Así se reduce la burocracia, porque en general el emprendimiento no tiene estructura administrativa y los fondos que tiene los debe aplicar al negocio. Con lo cual, el tiempo es plata«, coincidió Marcelo Revich, socio de S&A Auditores y Consultores, quien trabajó de cerca junto a miembros de ASEA en esta materia.
Sin embargo, cumplir con el objetivo de tener la ley antes de fin de año será difícil, no solo por el paso de proyecto por el Senado sino también por el tiempo que demora la reglamentación del texto.
En ASEA esperan que el tratamiento en la Cámara Alta sea rápido. «Argentina no puede esperar más. Si queremos ver despegar la economía necesitamos darles a los emprendedores las herramientas y los incentivos para que se animen a pensar en grande», afirmaron.
También Revich espera que este cambio de legislación colabore en la atracción de capital hacia empresas locales: «Obviamente que la seguridad jurídica es fundamental es para cualquier tipo de inversión. Y además una ‘startup’ es una inversión de riesgo y un inversor lo debe saber. Pero si a eso se suma que hay inversión del Estado, beneficios impositivos, etc., es mejorar las condiciones para que suceda».
¿Qué implica la Ley de Emprendedores?
El mismo reduce los plazos administrativos para constituir una empresa, permitiendo abrir una cuenta bancaria y un CUIT o CDI en 24 horas. De cumplirse esos requisitos bajo la figura de SAS, la firma quedaría habilitada para comenzar a operar.
Los interesados de utilizar este método para abrir su compañía podrán hacerlo brindando un domicilio temporal, y dando constancia de la dirección definitiva en un período de entre seis y doce meses.
Una SAS, como toda empresa, deberá tener los libros contables obligatorios, pero podría tener toda esa información online, en su propio sitio de Internet.
La normativa sumaría, a su vez, otro elemento novedoso: el «crowdfunding». Se trata de un sistema de financiamiento colectivo por el cual distintos individuos interesados en una «startup» determinada pueden invertir una parte para llevarla a cabo.
Asimismo, el proyecto autoriza beneficios impositivos para las inversiones de capital con ese fin, cuyos aportes podrían ser deducidos del Impuesto a las Ganancias, bajo ciertas restricciones.
Para ello se crearía el «Registro de Instituciones de Capital Emprendedor», a los efectos de la inscripción de los inversores, así como un Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE), conformado por un fideicomiso de administración y financiero, que manejará la SEPyME.
Pero en la discusión en comisiones, se plantearon varios cambios al texto base. En síntesis, los diputados consideraron oportuno darle mayor federalismo al proyecto.
Desde el Justicialismo, por caso, se pidió que se le dé al inversor en economías regionales más beneficios fiscales que a los que desembolsen su capital en zonas más desarrolladas.
Revich comentó que «si bien entendemos que el proyecto siempre fue federal, vemos con buenos ojos que aquellas zonas más desfavorecidas, ya sea por estar menos desarrolladas o por tener menor acceso al financiamiento, tengan un beneficio impositivo mayor».
«Para estos casos se extendería la deducción en el Impuesto a las Ganancias de las inversiones en capital emprendedor, del 75% hasta el 85% de manera de favorecer las economías regionales», indicó.
También se pidió limitar el alcance del FONDCE, e incluir en estos beneficios a los «informales» o personas no registradas en AFIP, a través de planes de regularización.
«Se invita y se ayuda a que los emprendedores informales se formalicen y gocen de los beneficios de la ley», apuntó al respecto Tanoira.
Asimismo, tras la discusión en comisiones, se pidió formalizar en el proyecto algunas instancias que ya existían, como un Fondo de Capital Semilla y un Consejo Federal de Asesores. Este último será formado por representantes del poder Ejecutivo, Legislativo y referentes del ecosistema emprendedor.
«Es una mesa de diálogo en donde todos los actores del Ecosistema Emprendedor pudieran expresarse, plantear propuestas y validar políticas. Esto el Gobierno ya lo tenía planteado pero no estaba en la Ley. Desde ASEA nos parece positivo que esté», explicó al respecto Tanoira.
Fuente: iProfesional